Más de un centenar de profesionales del ámbito de la calidad ambiental y de la salud de diversas instituciones y asociaciones científicas, académicas, sanitarias y de salud pública, han firmado un posicionamiento conjunto en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. En el escrito exponen las razones científicas por las que consideran que la «sentencia del TSJC lesiona en serio el derecho a la salud y a respirar un aire limpio de la población de Barcelona y del área metropolitana».
Las personas firmantes forman parte de la comunidad científica, muy comprometida con la salud pública y el bienestar de la ciudadanía, y ponen de manifiesto que la contaminación es un grave problema de salud pública que pide medidas estructurales contundentes, permanentes y basadas en la evidencia científica para proteger la salud de las personas, especialmente las más vulnerables. En este sentido, concluyen que la ZBE es una intervención en la dirección correcta, ampliamente aceptada en Europa urbana como medida para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia ciudades más saludables.
La mayoría pertenecen a la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) – CSIC, Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Barcelona Supercomputing Center (BSC), y centros de investigación, hospitales y universidades.
En cuanto a la ciudad concretan que según los estudios de la ASPB, el exceso de contaminación del aire respecto a los umbrales establecidos por la OMS, más exigentes que los que marca la normativa europea, causa aproximadamente 1.000 muertes prematuras anuales (7% de toda la mortalidad de la ciudad), 110 nuevos casos anuales de cáncer de pulmón (un 11% de los nuevos casos) y unos 525 nuevos casos anuales de asma infantil (un 33% de los nuevos casos).
Además, recuerdan que en 2021 la OMS redujo los umbrales de contaminación por la protección de la salud de las personas, de acuerdo con estudios recientes que detectan efectos en la salud a unos niveles de contaminación más bajos que los establecidos hasta ahora. Por tanto, esto hace aumentar considerablemente el impacto en salud de la contaminación en la ciudad.
En este contexto, exponen la necesidad de medidas estructurales contundentes, permanentes y basadas en la evidencia científica para reducir la contaminación del aire en Barcelona y en el área metropolitana. Ya que, más allá del incumplimiento de los límites legales de la Unión Europea, nos encontramos ante un problema de salud pública, puesto que éstos son insuficientes para la salud de las personas, según la OMS.
Asimismo, ponen de manifiesto que en la actual situación de emergencia climática se hace aún más urgente la implementación de intervenciones locales y globales. De esta forma, recuerdan que la ley de cambio climático y transición energética exige que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben establecer zonas de bajas emisiones antes del 2023. En este sentido, destacan que el Panel Internacional para el Cambio Climático ( (IPCC) ha reconocido en sus informes que el tráfico motorizado es una de las fuentes más importantes en la generación de gases de efecto invernadero.
Así, explican, la ZBE es una intervención en la dirección correcta dado que disminuye las emisiones procedentes del tráfico, principal fuente contaminante. De hecho, aclaran que es una medida que se ha adoptado en más de 200 ciudades Europeas, incluso de forma más exigente y extensa que en la ciudad, y que se considera básica para mejorar la calidad del aire.
Se puede consultar el documento y el listado de profesionales e instituciones en el siguiente enlace: