El Grupo de Vivienda y Salud de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) y otras entidades del ámbito de la salud han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que piden la suspensión efectiva de todos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad por sus efectos negativos en la salud de estas personas y que esta pérdida sobrevenida de la vivienda los sitúa como colectivo de riesgo para infectarse de la COVID-19.

La carta está firmada por el Grupo de Vivienda y Salud de la ASPB, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), l’Associació Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC), el Forum Català d’Atencio Primària (FoCAP), la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, la Fundació Àmbit Prevenció, Marea Blanca Catalunya, Dempeus per la Salut Pública, Col.lectiu Sisifo, Rebelió Atenció Primària, La Capçalera Barcelona. la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha recibido este jueves una representación de las entidades, con quien posteriormente ha compartido una rueda de prensa para explicar el contenido de la misiva.

Las diferentes entidades manifiestan su preocupación por los desahucios que dejan a familias vulnerables, en muchos casos con menores, sin alternativa residencial. Esta situación de inseguridad residencial constituye un importante problema de salud pública debido a los efectos negativos que genera en la salud y bienestar de las familias, y ahora también contribuye de manera negativa el adecuado control de la epidemia de la COVID-19 , afirman. En la carta señalan que aunque hay una moratoria aprobada por el gobierno español durante el estado de alarma y que se ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021, esta es insuficiente porque muchos de los desahucios son previos a la pandemia y no son de alquiler, por lo que los hogares afectados se encuentran sin protección.

Los desahucios tienen un importante impacto en la salud de la población

En el escrito, los firmantes exponen que hay varios estudios que demuestran una relación clara entre los desahucios y la pérdida de salud psicológica, física y social. Esto sucede desde el mismo momento en que existe la amenaza de perder la vivienda hasta que se produce la ejecución. En el caso de los menores de edad se produce un grave impacto en su bienestar, afectando principalmente su estado de ánimo, la autoestima y el rendimiento escolar, añaden. Y en este sentido, recuerdan que en el caso de Barcelona en el 60% de los casos de desahucio que se han conocido este año hay presencia de menores de edad.

Además, explican, en la actual pandemia sanitaria provocada por la COVID-19 hay evidencia que indica que las personas en riesgo de desahucio tienen una mayor probabilidad de infectarse. Esto se explica porque a menudo se ven obligadas a trasladarse a casa de familiares o amigos, aumentando la sobreocupación de viviendas y reduciendo las posibilidades de una higiene adecuada, entre otros. De hecho, en estos grupos de población más vulnerables, sufrir la Covidien-19 también aumenta el riesgo de sufrir otras inseguridades como son la alimentaria, la laboral y la residencial. Así pues, concluye la carta, disponer de una vivienda digna no sólo es clave por su importancia en la salud y el bienestar de las personas, sino que también tiene un rol destacado en un control adecuado de la pandemia.

Por todo ello, los diferentes firmantes consideran imprescindible que todas las administraciones públicas ejerzan sus competencias para garantizar el derecho a la vivienda y para evitar una nueva ola de desahucios. “Insistimos y volvemos a pedir al Estado que decrete la suspensión de los desahucios de las personas en situación de vulnerabilidad”, indican.

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Nota de prensa